Cuando una persona o empresa infringe una norma legal o reglamentaria, la Administración puede iniciar lo que se conoce como procedimiento sancionador. Este proceso es la vía legal que permite imponer una sanción, siempre garantizando los derechos del interesado y respetando los principios del derecho administrativo sancionador. A continuación, te explicamos de forma qué es un procedimiento sancionador, cuáles son sus fases y por qué es fundamental conocerlo si trabajas en el ámbito jurídico, fiscal o contable.
Qué es un procedimiento sancionador
El procedimiento sancionador es el cauce formal mediante el cual una administración pública investiga, tramita y resuelve si una persona física o jurídica ha cometido una infracción administrativa. Y, en su caso, impone una sanción.
A diferencia de otras actuaciones administrativas, este tipo de procedimiento está sujeto a garantías reforzadas, como el principio de legalidad, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa.
Procedimiento sancionador frente a otros procedimientos
La principal diferencia es que su finalidad es imponer una sanción, lo cual puede afectar gravemente al patrimonio, la actividad profesional o la reputación del interesado. Por eso, la ley exige que se siga un procedimiento específico y garantista, recogido en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común y en normativa sectorial (por ejemplo, en el ámbito tributario, laboral, de consumo o medioambiental).
Fases del procedimiento sancionador
Aunque puede variar ligeramente según la administración y la materia, el procedimiento sancionador tiene unas fases comunes:
1. Iniciación
Puede comenzar de oficio (por denuncia, inspección o actuación administrativa) o a instancia de parte. La resolución de inicio debe describir los hechos, la posible infracción, la norma infringida y la sanción que podría imponerse.
En algunos casos, puede iniciarse mediante un acuerdo de incoación, especialmente cuando los hechos no están claros o requieren investigación.
2. Instrucción
Es la fase en la que se practican pruebas, se analizan los hechos y se permite al interesado presentar alegaciones y documentos.
El instructor debe ser imparcial y diferente del órgano que sanciona. También es posible proponer prueba, que deberá admitirse si es relevante.
3. Propuesta de resolución
Una vez valoradas todas las pruebas, el instructor elabora una propuesta de resolución, que puede ser favorable o desfavorable para el interesado.
Se otorga un nuevo plazo para formular alegaciones.
4. Resolución
Finalmente, la Administración dicta resolución motivada. Puede ser sancionadora (con imposición de multa, suspensión, inhabilitación, etc.) o bien puede archivar el expediente si no se acredita la infracción.
La resolución debe notificarse y puede ser objeto de recurso.
¿Qué principios rigen el procedimiento sancionador?
Entre los principios fundamentales destacan:
Legalidad: Solo se puede sancionar lo que esté tipificado como infracción.
Tipicidad: La conducta debe encajar en un tipo concreto previsto en la norma.
Proporcionalidad: La sanción debe ser adecuada a la gravedad del hecho.
Presunción de inocencia: Hasta que no se demuestre lo contrario, el interesado se considera inocente.
No concurrencia de sanciones: No se puede sancionar dos veces por lo mismo si se trata del mismo hecho y fundamento.
Estos principios aseguran que el procedimiento no se convierta en una herramienta arbitraria.
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